Los jóvenes y la delincuencia
La delincuencia juvenil se ha convertido en uno de los problemas acuciantes de los últimos tiempos, por lo que exige un urgente tratamiento de parte de las autoridades del Ejecutivo, legisladores y hasta de la misma sociedad. Debe establecerse una política de reinserción social amplia y compleja, aunque los resultados recién se van a observar a largo plazo.
martes, 16 de diciembre de 2008
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de impedir la liberación de 60 menores detenidos en distintas instituciones, no hizo más que poner en el tapete un tema preocupante y que tiene relación con un inquietante aumento de la delincuencia juvenil y la discusión por la inimputabilidad de los menores.
Algunas organizaciones salieron al cruce de la decisión de la Justicia, pero una de los integrantes del máximo Tribunal, al explicar los motivos de la medida, aclaró con objetividad que esos menores delincuentes corrían menos peligro estando en institutos de internación que quedando en libertad.
Por la crisis económica o por la falta de valores que va ganando a algunos sectores de la sociedad, en los últimos años se ha multiplicado la participación de menores en robos y asaltos. Otros estudios determinan que en el problema también influye la expansión de la drogadicción entre los jóvenes y del narcotráfico como fuente de ocupación y de ingresos.
En Mendoza, de acuerdo con un informe publicado por Los Andes, normalmente llegan al juzgado ocho menores por día que cometieron algún delito y la mitad de ellos no alcanza a tener 16 años de edad. En la provincia de Buenos Aires, las estimaciones oficiales indican que unos 400 mil jóvenes no estudian ni trabajan, por lo cual están excluidos de los circuitos básicos de integración social, un problema -se indica- que también alcanza a la Capital Federal y a otros grandes centros urbanos del país.
Por su parte, una estadística del Ministerio de Educación revela que la población de jóvenes de entre 15 y 19 años en el colegio secundario se estancó en 2002 y comenzó a caer en 2003, una situación inquietante que indica que un número importante de jóvenes no está recibiendo un nivel de formación necesario para poder desempeñarse laboralmente en el futuro.
Esa franja importante de población joven sin posibilidades futuras queda desvalida ante la sociedad, lo que amplía la tendencia hacia la necesidad de delinquir para hacer frente al sustento, a lo que se suma que en muchos de los casos son los propios padres los que los obligan o incentivan a cometer delitos, en la seguridad de que las leyes son más contemplativas para con los menores.
Respecto de la discusión de bajar la imputabilidad a los menores, el juez mendocino Carlos Parma señala que encarcelarlos no es la solución sino que hay que mejorar las condiciones de trabajo, de salud y de vivienda de los padres, mientras otros análisis señalan que uno de los mayores problemas se centra en la violencia intrafamiliar, lo que deja absolutamente vulnerables a los chicos.
La jueza Carmen Argibay manifestó días pasados que la Corte adoptó la decisión de dejar a los chicos en institutos de internación por el hecho de que, de haberlos dejado en libertad, sus vidas correrían peligro porque era muy factible que volvieran a la delincuencia, siendo que ya “están marcados” y podían ser víctimas “de algún gatillo fácil”.
Pero lo más importante pasó por el reclamo de la magistrada al indicar que correspondía a los poderes Ejecutivo y Legislativo modificar la situación de esos institutos de menores, que deben estar destinados a la contención, a la rehabilitación y a la reinserción social de los chicos y no a un castigo, porque muchos de ellos, por delitos menores, deben convivir con otros acusados de delitos graves, como homicidios.
La delincuencia juvenil es un problema grave y muy complejo, que necesita de una solución que no pasa sólo por medidas policiales ni modificaciones legales respecto de la edad de inimputabilidad.
El Gobierno y la sociedad deben comenzar a trabajar desde la base, desde la inclusión de los chicos en el sistema educativo a los efectos de que reconozcan los valores indispensables para una adecuada inserción en la sociedad; por fomentar los sistemas de socialización; por mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de progreso de la población y por el funcionamiento adecuado de los institutos de detención.
Se trata de una política que debe implementarse ahora, porque así lo exigen las circunstancias, aunque los resultados recién comenzarán a verificarse a mediano y largo plazos.
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